Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es el deber y el derecho de la objeción de conciencia. El conflicto y la violencia surgen allí donde el deber de disentir está proscrito, y donde está prohibido pensar, reflexionar y razonar críticamente, es decir, lentamente y con esfuerzo.
La dialéctica de la desobediencia civil sitúa en la dimensión humanística a las formas irracionales del discurso, del pensamiento y del actuar, poniendo a éstas en su sitio y demostrando sus limitantes. Para ello sirve la objeción de conciencia: es decir, el deber de decir y actuar en oposición a la ilegalidad del irracionalismo en política. Esa dialéctica interna nos enseña que los pueblos se cansan de la injusticia y se yerguen tanto evolutiva como revolucionariamente, porque desean realizar y materializar sus deberes ciudadanos al comprenderlos como derechos inalienables de concreción de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la dignidad humanas.
Uno de esos deberes inalienables es la desobediencia civil en el Estado de Derecho como la forma legal pacífica de trascender la violencia del poder estatal y su monopolio cuando éste deviene, especialmente, un terrorismo de Estado. En este sentido, la Desobediencia Civil constituye una posición equilibrada y legal de centro que delega en el pueblo la responsabilidad de dirigir la sociedad, cuando ésta última se haya secuestrada en manos de poderes fascinerosos e ilegítimos.
Desde lo anterior, son formas ejemplares de desobediencia civil que demuestran que “el pueblo es quien más ordena”: la revolución de los Claveles en Portugal en 1974 que pusiera fin a una dictadura desde 1926; la reunificación pacífica de Alemania en 1990; la Revolución separatista autónoma de Checoslovaquia y Eslovaquia en 1993; y la Revolución pacífica contra la corrupción de Guatemala en 2015.
Todas ellas fueron formas pacíficas de Desobediencia Civil en las que se impuso la voz popular contra la fuerza bruta. De ahí, que la dialéctica interna de la desobediencia civil se base en la fuerza de interpelación ciudadana y en el hecho concreto de que “hay un amigo en cada esquina” por lo que, en ella, existe y persiste el “derecho a la ciudad urbana y rural”. Algunas de sus funciones son las siguientes:
- Función histórica de la dialéctica interna de la desobediencia civil: consiste en protagonizar movimientos ciudadanos de alcance global en los que sea la idea del progreso continuo regulado la que guíe el imperio del pueblo o su democracia participativa. La vanguardia histórica es el pueblo mismo, su retaguardia es la Filosofía, como ciencia del saber y el actuar dialógico relacional humano.
- Función política de la dialéctica interna de la desobediencia civil: consiste en organizar el debate público ciudadano nacional, local e internacional para insertarse en la historia desde una posición mediadora de la protesta individual y social movilizada con la línea del tiempo, viviendo no simplemente vidas y muertes paralelas, sino unificando los liderazgos en una concepción universal de movilización pacífica de reestructuración de los sistemas socioeconómicos que “dignifique”, a su vez, a la dignidad misma.
- Función pedagógica de la dialéctica interna de la desobediencia civil: consiste en desarrollar, fortalecer y hacer resurgir la autonomía de la conciencia para obligar al presente y al futuro a buscar las raíces y los orígenes históricos de las injusticias en la historia y poder así interpretarlas en el presente para que, por fin, sean castigados los victimarios, y para los cuales se deben acelerar las conclusiones finales de los juicios o procesos en los que se castigue la conducta violenta de éstos últimos.
Pero hay también una función especial de la dialéctica interna de la desobediencia civil: es la función filosófica, que consiste en el estudio consciente de las Ciencias Sociales por los ciudadanos para que su discurso se vea fundamentado y no sea solamente un activismo meramente táctico, practicista y voluntarista.
Los pueblos aprenden continuamente, lo mismo que las personas y las naciones, las cuales tienen que descubrir por sí mismas en cooperación solidaria, aquello que les conviene para su autoevolución y para encontrarse con el resto del mundo. A todo ello ayuda la desobediencia civil, que se puede definir, como el coraje ciudadano de vivir el valor de la libertad en sentido compartido, sin hacer caso omiso a las propuestas teóricas reflexivas de las cuales está llena la historia de la Humanidad como experiencia política protegida contra toda forma de esclavismo. Sólo tenemos que buscarlas, encontrarlas y recuperarlas para hacer de la desobediencia civil desordenada, rápida y activa, una comunión de ideas y acciones deliberadas, prudentes, estratégicas y juiciosas. Esto, porque ya el liderazgo del siglo XXI exige más que una formación meramente técnica o tecnológica, una formación moral amplia y rigurosa en todos los ámbitos científicos.
Como ha señalado Jürgen Habermas, “cada democracia basada en el Estado de Derecho, que está segura de sí misma, observa y define a la desobediencia civil como un aspecto normalizado y necesario de su cultura política”. En la desobediencia civil se trata de seguir y continuar la legalidad constitucional como derecho a la insurrección en caso de existencia de un gobierno usurpador, ello en nombre de la legitimidad. Resistencia legal, apegada a la Constitución y legitimada de ese modo por el derecho positivo. El pueblo es el legítimo soberano y en él residen el poder y las leyes. Esta resistencia civil es pacífica, pero tiene múltiples formas de manifestación y uno de sus rasgos fundamentales es que el pueblo se encuentra ya maduro para constituir un modelo alternativo al capitalismo; y, además, que el pueblo ya superó a sus líderes y tiene el deber de superarlos en la enunciación teórico-práctica de la sabiduría popular. El pueblo tiene la palabra legal porque posee el poder de la legalidad que le otorga su continuo enfrentamiento con la injusticia.
Los pueblos se cansan y se hartan de la violencia de las élites, y por ello se organizan en formas de rebelión transformadora que educa en la resiliencia frente al terrorismo de Estado. Honduras vive actualmente una forma gubernamental de hacer política desde el abatimiento, asesinato y criminalización de sus ciudadanos, a los que se pretende desmoralizar a toda costa. Nuevamente, hoy, martes 23 de junio, nos ha llegado la noticia del asesinato a balazos de otro dirigente campesino del Bajo Aguán, Óscar Amílcar Alvarado Velásquez, secretario de la Cooperativa Campesina Suyapa del Aguán. Ello, pese a encontrarse militarizada toda esa zona agrícola del departamento de Colón. Los sicarios se siguen moviendo a su gusto, pese a la presencia policial y militar. El conflicto sigue escalando y cobrando vidas campesinas. ¿Qué hacer?
Urge una unificación popular de todas las organizaciones civiles, especialmente, de las 30 organizaciones campesinas que existen en el norte del país, porque entre más fragmentado se encuentre el movimiento campesino y se entretenga en defender intereses individuales, mejor podrá ser acosado y dividido por el gobierno nacionalista de Nasry Asfura. No nos están dejando más opción, ante tanta represión y privatización antisociales, que integrarnos a eventos de Desobediencia Civil en el que tomemos como población la iniciativa para un Gran Diálogo Nacional con dicho gobierno, porque de lo contrario, la violencia les alcanzará puntualmente a ellos mismos, y eso, pese a todo el blindaje del que dispongan. La violencia extrema del culto a la muerte, sólo deviene en más muertes, incluso de funcionarios del gobierno. Y, eso, a la larga, termina en una guerra civil que nadie desea para Honduras y América Latina. ¡Justicia en vez de violencia! ¡Justicia Social en vez de privatización alevosa y artera de bienes que pertenecen a la salud física y mental del pueblo!
