Lamentablemente estamos constatando en la actualidad en Honduras un comportamiento en la elección del fiscal general y el fiscal adjunto de la república, bastante reduccionista de la política a una “mercadería barata” de intereses mezquinos y egoístas en casi todos los diputados del Congreso Nacional, independientemente del partido al que pertenezcan.
El ejemplo negativo e irresponsable de los diputados congresistas sometidos a pugnas por intereses partidistas particulares, incluyendo al partido de gobierno, demuestra una total incapacidad para legislar al no elegir a los candidatos mejor calificados propuestos por la Junta Proponente, y pensar solamente en tener en los puestos a títeres que no les cuestionen ni les critiquen su accionar antiético y anti civil que atenta contra el Derecho mismo y el imperio de la ley del Estado de Derecho.
Este sabotaje interno del Congreso Nacional por los propios diputados demuestra no sólo una falta total de ética política constitucional sino, además, un profundo desconocimiento y desinterés por aplicar los principios de una política de la dignidad de respeto a las leyes y a la Constitución en tanto sistema al servicio público y del Bien Común de la Sociedad. Con ello, están ejerciendo una violencia estructural anti legislativa que atenta contra el Estado de Derecho mismo, viola la Constitución y no se atiene a los límites necesarios de la politización política del poder que ya estableciera el sociólogo alemán, Niklas Luhmann. Esos límites los establece, bien delineados, la Constitución y la Ética Política desde la ciencia de la Filosofía y la Filosofía del Derecho.
Dicha violencia estructural anti legislativa que atenta contra los fundamentos filosóficos del Estado de Derecho es muy peligrosa, porque sitúa a los ciudadanos en una situación de indefensión autoritaria y despótica que puede dar lugar a la intervención militar del Poder Legislativo y a un Golpe de Estado debido al grado de inconsciencia e incapacidad a que dichas actitudes mezquinas y egoístas de legislar para sí mismos conllevan.
Como señala el filósofo israelí, Avishai Margalit, “la sociedad decente se define por el hecho de que no viola los derechos de las personas que dependen de ella”. La idea fundamental aquí es que solamente una sociedad cuya concepción acerca de los derechos desarrolla un concepto de autorrespeto y no atropello que sean las condiciones para una sociedad decente y una política de la dignidad, puede denominarse realmente una sociedad democrática y justa.
Vemos, pues, que según la anterior definición, se nos demuestra que en la práctica legislativa los diputados y funcionarios hondureños carecen del mínimo conocimiento de los derechos constitucionales a los que se deben y que tienen la obligación de defender para que su labor sea verdaderamente profesional y legítima. Estos señores simplemente hacen lo que quieren, no respetan las leyes y mucho menos legislan y gobiernan para una sociedad donde la política sea una defensa integral de la dignidad humana del pueblo que los eligió.
Estos funcionarios y diputados humillan y atropellan a los ciudadanos y al Derecho, así como la dignidad de los electores demostrándose con ello que solo siguen su propio juego del poder político, al que reducen a ser una forma de violencia estructural institucionalizada desde el Estado contra el pueblo, cuya voluntad soberana están llamados a representar.
“El poder no es violencia”, ha dicho la filósofa Hannah Arendt. Por tanto, se ejerce violencia estructural radical y extremista contra el Estado de Derecho y contra el pueblo cuando las políticas no respetan la Constitución porque son marionetas tibias y cobardes de partidos políticos solo interesados en su propio bienestar. Funcionarios de ese tipo deben ser depuestos ya que han perdido la legitimidad de gobernar y legislar.
El poder político no es un acto puramente individual de libertinaje voluntarista y subjetivo de un político inconsciente, interesado únicamente en hacer prevalecer su abuso de poder, sino un acto consciente de la madurez y voluntad legislativas al servicio del pueblo, en la que el político decide siempre en aras del Bien Común. Los actos inconscientes no son políticos. Los actos inconscientes en política son despóticos, autoritarios y antidemocráticos porque se realizan a espaldas de los ciudadanos y según cálculos meramente influenciables y no universalizables. No son actos decentes y dignos.
Los políticos hondureños se han convertido, con su ejemplo negativo de antivalores contra la Constitución, en indignos representantes del pueblo y están auto deslegitimando su propio quehacer, dando así pie a una crisis que puede desembocar en una violencia civil organizada por parte de los ciudadanos. Eso es sumamente inconsciente e irresponsable. Si no logran negociar entre sí y conciliar los intereses individuales con los intereses de la voluntad general soberana del pueblo, serán depuestos por esa gran maestra de la Humanidad que es la historia.
