Por Alex Navas
A partir del retorno a la democracia, Honduras ha estado sumergida en una multicrisis que ha evitado la consolidación institucional y el fortalecimiento sustantivo del estado de derecho. Estos acuerdos de élites o “pactos de caballeros”, han caducado y se ha normalizado las confrontaciones entre los sectores políticos y económicos que, en otros tiempos, se sentaban en una misma mesa para negociar la estrategia de captura del Estado, donde se aprovechan al máximo los privilegios y las canonjías del poder. El Golpe de Estado de 2009 es un atisbo de esa ruptura, que ha generado una desaceleración cuantitativa de los procesos democráticos y en la confianza de la población en sus instituciones.
No se puede desconocer que la aparición en la última década de gobiernos autocráticos, con matices pragmáticos y verticales en el ejercicio del poder, ha venido a acrecentar esta crisis, ya que las clases oligárquicas del país han perdido la capacidad de maniobra sobre los sectores políticos, que independizados de una clase que los utilizaba como peones en el ajedrez, son a estas alturas de la partida, una élite que disputa el poder, con las mismas capacidades de financiamiento y movilidad de recursos y que no está dispuesta a ceder ni un ápice en esta lucha fratricida por el poder.
Los índices de estado de derecho, democracia y corrupción en los últimos años solo demuestran el abismo en que ha caído la democracia hondureña y la fragilidad institucional, siguiendo un patrón de un Estado fallido, con una sociedad desesperada, que busca migrar compulsivamente, al no tener respuesta a sus precarias condiciones de vida. En noviembre de 2023, el Fondo Hondureño de la Deuda Externa (FOSDEH) indicó que más de 3 millones de hondureños (aproximadamente el 30% de la población) no tienen ingresos ni para un tiempo de comida.
Las posiciones encontradas entre las clases dominantes que pretenden tener como “botín” el Estado, solo están llevando al fracaso del sistema democrático, con partidos políticos faltos de liderazgos transformadores, y que, a lo interno, guardan las espaldas de personajes ligados a la corrupción de alta escala y al crimen organizado. De la misma forma, se puede observar, un sector empresarial opaco, empecinado en seguir manteniendo un mecanismo de privilegios y negocios, aprovechado por la gelatinosidad del Estado y un inactivo sistema de balances de pesos y contrapesos.
Sumado a esto, existe una sociedad civil amedrentada, sin capacidad de reacción frente a los desafíos que representa la acción desbocada del poder, quedándose en el gris escenario de la denuncia, perdida su esencia de construir una cultura ciudadana critica, plural y generadora de procesos de gobernanza efectiva e incidencia que, limiten los excesos del poder y los mecanismos antidemocráticos que han pretendido instalarse en el país, utilizando redes clientelares y caudillistas.
Es difícil reconstruir las bases de una sociedad, cuando existió una estrategia de “tierra arrasada”, donde la corrupción, narcotráfico y la violencia permearon las estructuras del Estado, dejando en indefensión a la mayoría de la población, generando vergonzosos niveles de pobreza, desigualdad e inequidad. El “dejar hacer y dejar pasar” está generando una factura altísima para la sociedad hondureña, que no encuentra interlocutores válidos que forjen certidumbre en el manejo del Estado, provocando fallas estructurales en las relaciones entre los gobernantes y gobernados.
La regresión democrática es un efecto de los fallidos pactos de las élites, ya que, en la práctica, no contenían las medidas de mitigación contra “Leviatanes” autocráticos, la marcada polarización política y la aparición de actores como el narcotráfico en las dinámicas de gobernabilidad en Honduras. Estos factores, sumados a un desgaste de los sistemas democráticos, debido a su poca efectividad en la resolución de las problemáticas de la sociedad, corrupción y su inoperancia en las obligaciones sociales y económicas, forman el caldo de cultivo perfecto para implosionar desde adentro las estructuras del estado de derecho y los marcos constituciones de derechos y garantía de la sociedad.
Estas grietas estructurales en la gobernanza deben enderezarse desde el enfoque democrático y no con soluciones “mesiánicas” o delirantes. Las élites en Honduras deben comprender que, si existe una apertura económica y política que, resguarde la igualdad y las dignidades humanas, seguramente nos irá bien a todos y las élites también generarán mejores réditos en sus agendas particulares. Históricamente, las prácticas que pretenden centralizar el poder, blindando de impunidad algunos sectores políticos y económicos, nunca crearon espacios de desarrollo para un país, sino más bien, trajeron consigo la barbarie y la destrucción sistemática del tejido social.
La apuesta para recomponer el estado de derecho en Honduras, debe estar enfocada en la formación de liderazgos transformadores que respeten los valores democráticos y la ética, la consolidación de los candados constitucionales que evitan los abusos del poder político y económico y la participación ciudadana en la construcción de en un nuevo pacto social, basado en los principios mismos del estado de derecho, radicados en el disenso, el apego a la ley y respeto a las libertades humanas, tal como lo señalan Acemoğlu y Robinson[1], “.. la libertad necesita que haya una sociedad movilizada que participe en política, proteste cuando sea necesario y vote cuando sea posible para que el Gobierno abandone el poder. La libertad surge de un delicado equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad”.
[1] Daron Acemoglu/ James Robinson. El Pasillo estrecho. Estados, Sociedades y como alcanzar la Libertad. Crítica (2020).
