Por Axel Mercadal
Recientemente, Honduras enfrenta una ola recurrente de criminalidad y una serie de reformas legales en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Como acto de populismo, el gobierno nacionalista emprendió su segundo viaje al país hermano de El Salvador para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Tales planes se enmarcan en un momento en el que la ciudadanía busca, con desesperación, una respuesta frente al crimen, y sus distintas expresiones, que tanto han oprimido a la nación. Sin embargo, existen amplias diferencias entre ambas realidades. Hablamos de un mismo problema, pero que en El Salvador pudo ser contenido mediante el régimen de Nayib Bukele. Más allá de los intereses de los políticos por capitalizar cualquier oportunidad, vale la pena preguntarse:
¿Es posible replicar un sistema?
La respuesta corta es no. Vamos a profundizar en ¿por qué? no es posible aplicar el mismo «antídoto» a un problema, por muy buenas que parezcan las intenciones y las medidas que se pretenden implementar mediante reformas legales.
Antecedentes recientes
El pueblo hondureño, que ha sido tan golpeado por numerosas crisis políticas, económicas y, sobre todo, de seguridad, se ha vuelto incrédulo ante el interminable historial de acontecimientos que ha vivido. Tanto es así que hemos llegado a caer en una especie de amnesia histórica respecto a los malos políticos que se han involucrado y convivido con las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico.
Entre 2010 y 2022, Honduras atravesó uno de los períodos más violentos de su historia reciente, marcado por el crecimiento de las organizaciones criminales y los señalamientos contra políticos vinculados a estas agrupaciones. Fueron doce años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Nacional, durante los cuales este partido ejerció el poder en las principales instituciones públicas, desde el Ejecutivo hasta organismos electorales y de justicia. A esto se sumó la crisis institucional provocada por la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 (HUMANOS, 2015).
El exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, fue condenado por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, entre ellas el transporte de al menos 450 kilogramos de cocaína en asociación con carteles colombianos y venezolanos, así como por sus vínculos con miembros de la MS-13. Todo esto ocurrió en el contexto de su trayectoria como máximo responsable de la institución policial durante el régimen nacionalista (Noticias.com, 2024).
El propio expresidente Porfirio Lobo quedó salpicado por los vínculos de su hijo con el narcotráfico, quien fue capturado en 2015. Posteriormente, en 2024, durante el juicio del también expresidente Juan Orlando Hernández, salieron a relucir testimonios de líderes del narcotráfico los cuales expusieron los vínculos que, durante años, habrían mantenido con figuras políticas hondureñas (BBC, 2024).
El juicio contra Juan Orlando Hernández concluyó con una condena de 45 años de prisión por conspiración para traficar drogas, un hecho inédito en la política hondureña. A su vez, muchos de quienes conformaron aquel gobierno no fueron perseguidos penalmente por las instituciones de justicia hondureñas. No fue sino hasta 2023, y también en años anteriores, cuando comenzaron a cobrar mayor fuerza los señalamientos públicos que llegaron a describir al Partido Nacional como una organización criminal (insightcrime.org, 2021).
Cabe aclarar que esto no constituye un ataque de mala fe contra la militancia nacionalista, sus simpatizantes ni los de ningún otro partido político. Las expresiones del crimen dentro de la política han estado presentes en diferentes partidos y en la propia historia política de Honduras. Sin lugar a duda, los operadores de justicia han quedado pesimamente evidenciados a nivel internacional. Sin embargo, estos son algunos de los hechos que marcaron recientemente al país durante doce años en los que no hubo alternancia de otro partido político en el gobierno.
Estos acontecimientos dejaron profundamente debilitadas las instituciones hondureñas. Por ello, resulta difícil no cuestionar que un partido involucrado en tantos señalamientos y casos relacionados con el narcotráfico pueda presentarse como abanderado moral de la seguridad y la justicia. A esto se suma que no podemos comparar directamente un sistema implementado en El Salvador, cuyo propósito ha sido también romper los vínculos entre políticos y estructuras criminales, con una realidad institucional tan distinta como la hondureña.
Métodos preventivos y la juventud
Creemos que un país no es seguro únicamente por su capacidad de combatir el crimen, sino también por las oportunidades que ofrece a sus ciudadanos y por la manera en que estos emplean su tiempo libre. Es necesario preguntarnos qué recursos e instituciones están al servicio de la sociedad para promover su desarrollo dentro de una cultura de convivencia civil. Una sociedad necesita instituciones educativas y culturales al alcance de niños y jóvenes, condiciones de salubridad y servicios de atención médica que incluyan recursos nutricionales, psicológicos y pediátricos.
El problema es mucho más amplio que el simple reclutamiento de un niño por parte del crimen organizado. También debemos preguntarnos en qué ha fallado la sociedad civil y qué ha dejado de hacer el Estado para que no existan programas preventivos y de acompañamiento capaces de brindar oportunidades de desarrollo saludable a los sectores más vulnerables.
El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) realizó una investigación en 2005 sobre los círculos de vulnerabilidad de los jóvenes reclutados por las maras. En ella se analizan sociológicamente los entornos en los que nacen, se desarrollan y se consolidan estas estructuras.
Datos ERIC:
Honduras, a diferencia de los países vecinos, no vivió guerras internas en las décadas recientes. No obstante, su situación social, política y económica es similar a la de aquellos. Los problemas sociales, agravados por el modelo económico vigente, han contribuido al incremento de la inseguridad, el tráfico de drogas, el crimen organizado y las maras o pandillas juveniles (Equipo de Reflexión, 2005, pág. 298).
En dicha investigación se hace referencia a cómo las instituciones del Estado han sido ineficientes en su misión de prevenir y atender los problemas sociales antes de que se desarrollen y profundicen. Es necesario recordar que, durante la década de los noventa, estas problemáticas no recibieron la atención que correspondía.
Podemos cuestionar el hecho de que existe un Código del Trabajo que prohíbe el involucramiento de niños en determinadas actividades laborales, pero cuyas disposiciones no se cumplen de manera efectiva.
También existe un Código de la Niñez y la Adolescencia que garantiza, al menos en teoría, el cumplimiento de sus derechos, pero que muchas veces termina siendo letra muerta. El Instituto Nacional de Estadística registró que 225,179 niños de entre 5 y 17 años se encontraron en condición de trabajo infantil en 2023 (Honduras., 2024, pág. 2). Se trata de una cifra dolorosamente alta para un país tan vulnerable a las consecuencias de la pobreza y la exclusión social.
A su vez, dice ERIC:
“El problema no es la carencia de instituciones orientadas al trabajo educativo. El problema es que ese cúmulo de esfuerzos no obedece a una política integral del Estado que los coordina y orienta, por lo que los resultados no corresponden a los recursos invertidos. La situación de la educación no es la más favorable para la niñez y juventud” (Equipo de Reflexión, 2005, pág. 261).
Es casi pretender imposible alcanzar un sistema de seguridad como el de Bukele en una sociedad tan abandonada y con instituciones que han sido cooptadas por políticos interesados en crear clientelismo, sangrando al pueblo y entregándole migajas únicamente durante los cómics electorales. Porque no se trata solamente de encarcelar, sino de evitar el ciclo de condiciones que lleva a las personas a delinquir.
Creemos en un sistema de justicia pleno, donde los criminales sean debidamente procesados y encarcelados. Sin embargo, vale la pena detenernos en lo que señala ERIC:
“Un mundo de extrema vulnerabilidad para los jóvenes que, sin mayor acceso a programas educativos y culturales, y ante una mayor oferta de drogas y estupefacientes en el mercado, son víctimas de una maldición consciente en victimar a otros” (Equipo de Reflexión, 2005, pág. 369).
Resulta curioso cómo la maquinaria propagandística genera expectativas de convertir a Honduras en un país tan seguro como El Salvador. Pero, así como se empuñan las armas para el castigo, también deben empuñarse los lápices para garantizar la educación de calidad que exige nuestra sociedad. Un país en el que se corre más rápido para construir una cárcel que una escuela o un hospital, difícilmente puede considerarse un Estado al servicio de sus buenos ciudadanos.
La familia hondureña
La familia hondureña se enfrenta a una de las realidades más complejas dentro del panorama latinoamericano. Con una tasa de pobreza del 61.1 % en 2025 (INFOBAE, 2026), una profunda polarización política y una cultura marcada por prácticas antidemocráticas, hemos llegado a preferir el silencio ante las injusticias y las atrocidades, producto de la incredulidad que genera el constante ciclo de problemas en el que nos vemos involucrados.
En Honduras, la palabra política suena casi a un exabrupto, debido a la tremenda polarización en la que los propios políticos nos han sumergido. Mientras tanto, la clase política ha sabido montar muy bien el circo para mantenernos distraídos de los grandes temas del país.
La educación ha sido una problemática histórica en Honduras. Lamentablemente, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) ha informado que más de un millón de niños se encuentran fuera del sistema educativo. Se trata de una cifra alarmante para un país tan vulnerable a los problemas sociales y las distintas formas de violencia. El Estado es responsable de garantizar y hacer cumplir las leyes, especialmente cuando se trata de proteger a los sectores más vulnerables.
“La familia verdadera es una fuente de cultura y de protección de la convivencia pacífica que brinda oportunidades y es el primer lugar o espacio donde los niños aprenden a socializar y si este lugar y espacio fallan pueden ocurrir desviaciones antisociales ocasionadas no por la familia en sí, sino por la interpretación falsa de un ambiente permisivo en el que los factores socioeconómicos como la falta de empleo determinan que los niños y jóvenes carezcan de estabilidad y busquen alternativas no deseables” (BECERRA, 2019, pág. 203).
La cita anterior de la doctora Irma Becerra aclara perfectamente que no se puede aspirar a una sociedad próspera y segura sin lazos familiares fuertes y funcionales, porque la primera institución con la que todos entramos en contacto al nacer es, precisamente, la familia.
“El crimen organizado es una desviación social basada en la debilidad del Estado democrático y sus instituciones, que aplica estrategias de violencia estructural al no brindar oportunidades de desarrollo a todos sus ciudadanos. Este Estado no se preocupa por la educación de los niños y jóvenes y desarticula la lucha de los ciudadanos al hacer de ellos sospechosos de la situación de violencia que se vive, criminalizando con ello a la población” (BECERRA, 2019, págs. 214-215).
Habiendo expuesto los antecedentes políticos y el estado de las instituciones y las estructuras sociales en las que se encuentra nuestra sociedad hondureña, resulta muy difícil tomar en serio los actos demagógicos de un régimen que pretende implementar un modelo de seguridad que, si bien fue la estrategia elegida para poner en orden a El Salvador, no necesariamente puede trasladarse a nuestra realidad nacional.
La práctica complejidad de un sistema político, económico y social tan diferente quedaría completamente desatendida si se ignoran las condiciones particulares en las que vivimos los hondureños. Y no es menos razonable sospechar que este modelo pueda terminar siendo instrumentalizado por los propios políticos.
Honduras debe corregir primero las estructuras que generan pobreza y exclusión, mientras combate el crimen con instituciones de justicia sólidas y funcionales. Sin embargo, cuando estas iniciativas provienen de una élite política que ha contribuido a mantener los problemas que han durado durante tanto tiempo, resulta inevitable cuestionar cuáles serán los verdaderos resultados.
Bibliografía
BBC. (2024). Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/articles/c6pe6wv721lo?source=post_page—–dc2e70b0cdb4—————————————–
BECERRA, I. (2019). SOCIOLOGÍA Y REALIDAD NACIONAL. Tegucigalpa: Editorial Baktún.
CRITERIO.HN. (2025). Obtenido de https://criterio.hn/honduras-mas-de-un-millon-de-menores-de-edad-fuera-del-sistema-educativo/
Equipo de Reflexión, I. y. (2005). Maras y pandillas en Honduras. GUAYMURAS.
Honduras., U. N. (2024). Trabajo infantil en Honduras: tendencias y desafíos. Obtenido de https://odu.unah.edu.hn/dmsdocument/18284-no-17-trabajo-infantil-en-honduras-tendencias-y-desafios-2019-2024
HUMANOS, C. I. (2015). DESTITUCION ILEGAL Y ARBITRARIA DE MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONTITUCIONAL. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34261.pdf
INFOBAE. (2026). Obtenido de https://www.infobae.com/honduras/2026/09/17/la-pobreza-volvio-a-aumentar-en-honduras-y-alcanzo-al-611-de-los-hogares-segun-el-ine/
insightcrime.org. (2021). Obtenido de https://insightcrime.org/es/investigaciones/un-partido-muchos-crimenes-el-caso-del-partido-nacional-de-honduras/?source=post_page—–dc2e70b0cdb4—————————————–
Noticias.com, D. (2024). Obtenido de https://www.dw.com/es/condenan-a-exjefe-de-polic%C3%ADa-de-honduras-a-19-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-por-narcotr%C3%A1fico-en-estados-unidos/a-69834813?source=post_page—–dc2e70b0cdb4—————————————–
